Mala percepción ciudadana

Olga Feliú

La grandeza y prosperidad de los países se basa no en la abundancia de sus recursos naturales, sino en la solidez de sus instituciones. Así lo reconocen todos los galardonados con Premio Nobel en Economía. Forma parte de esta solidez institucional la aceptación y respeto que merezcan las instituciones, en el orden interno, a los ciudadanos en general. En esta perspectiva, cabe mirar con preocupación la forma en que nuestra ciudadanía aprecia sus instituciones fundamentales. Debe recordarse la mala percepción ciudadana sobre los Poderes y órganos públicos, en la última encuesta CEP.

En la actualidad, a la situación anterior -de desconfianza institucional generalizada-, se agrega la acumulación de conductas reñidas con el derecho y con la ética, tanto de agentes privados como públicos que son investigadas por los órganos públicos competentes y orquestadas por los actores políticos de todo nivel. A la desconfianza se suma, entonces, la presunción de que existe una clase política y empresarial, ambiciosa y corrupta.

Tal apreciación no es, ni efectiva, ni conveniente.

Si se observan los casos más bullados en conocimiento de la opinión pública, es posible advertir que parte importante de ellos deriva de la falta de legislación o de una legislación imperfecta.

Así ocurre con el financiamiento de la política. En este aspecto hay dos materias que debieran abordarse: lo relativo a los partidos políticos y lo concerniente al financiamiento de las campañas.

No hay transparencia en los partidos políticos, e incluso, hasta internamente, existe desconocimiento respecto de sus bienes e inversiones.

La existencia de partidos políticos sólidos es fundamento indispensable de la democracia. La dictación de una ley que, entre otros, obligue a transparentar los ingresos y cuentas de los partidos resulta en la actualidad ineludible.

En cuanto a los gastos de campañas políticas las conductas que hoy se investigan por el Ministerio Público, y que tienen su origen en los requerimientos de financiamiento, son comunes a muchos de los que han sido candidatos a cargos de elección popular. Por ello, el problema es común -o al menos altamente generalizado- respecto de quienes han sido candidatos, lo que si bien puede no ser de conocimiento de la generalidad de la población, sí lo es con seguridad de quienes actúan en política.

Pues bien, no obstante este conocimiento de la realidad las actuaciones y declaraciones de los líderes políticos plantean su propia virtud y la ilicitud en los contrarios; existe una amnesia generalizada de lo ocurrido el 2002, de la discusión entonces efectuada y de los nombramientos por la alta Dirección Pública, hoy no respetados. Todo ello está conduciendo a una amplia frustración y desencanto que potencia las cifras de las encuestas que ya mostraban que los partidos políticos son las instituciones peor evaluadas por la ciudadanía y que sólo un 6% confía en ellos (CEP).

El financiamiento de las campañas políticas exclusivamente con recursos públicos no es recomendable y, además, será mirado con franco recelo. Es bueno reglar pero no debe impedirse que las personas puedan aportar a los candidatos de su preferencia.

En este sentido, es interesante recordar que, en fallo de 2014, la Suprema Corte de Estados Unidos declaró que, en ciertos casos, legalmente se pueden regular, pero sin impedir las contribuciones a las campañas políticas pues éstas se encuentran protegidas por la Primera Enmienda que garantiza a los ciudadanos el derecho a participar en democracia.

Las conductas ilícitas se pueden presentar en todos los sectores políticos; para impedirlas, deben mejorarse las normas regulatorias y los órganos públicos encargados de velar por su cumplimiento y esa tarea compete a los colegisladores.

Si con prontitud no se aprueban ciertos cambios y no se morigeran ciertos discursos, se producirá indefectiblemente un deterioro peligroso en nuestra democracia e imagen internacional, todo lo cual acarreará serios problemas en el crecimiento económico.